La Pipi se crió rodeada de mujeres fuertes y varones comprometidos. Su abuela se separó cuando ella era una niña, su tía era soltera y su madre tuvo que esconderse en esa casa femenina y cuidar de sus tres hijos como pudo. El como pudo fue trabajando en una guardería de las afueras de Santa Fe. Ana Berraute no podía ejercer la docencia: había sido cesanteada. Eran años de pobreza y de dictadura.

Con el tiempo Ana pudo dejar la casa de las mujeres fuertes y se fue con sus hijos a vivir a un departamento en el barrio Fonavi, detrás de la cancha de Colón, adonde los chicos pasaban el día solos, mientras mamá trabajaba. Los hermanos de Pipi son mayores. El del medio, sobre todo, era el que se ocupaba de la organización hogareña. Eran niños, pero tenían que arreglárselas. El del medio lavaba la ropa pero la que la colgaba era la hermana mujer para que los amigos del barrio popular no se burlaran. Así entonces, para adentro los hermanos se ocupaban de la Pipi. Pero para afuera, era ella la que hacía las tareas de cuidado.

Mujeres fuertes y varones comprometidos fue el contexto en el creció Ana Oberlin, hija de René, uno de los fundadores de Montoneros en Santa Fe, que cayó en la provincia de Buenos Aires el 6 de septiembre de 1977, cuando ella tenía un año y un mes.

Tiempo suficiente para que le pusiera el apodo que quedó para siempre. Con las manos y en cuclillas, su papá la convocaba a caminar: “Pipi loco”, le decía, y a Pipi que cuenta la historia se le quiebra la voz.

Hoy Ana “Pipi” Oberlin es la directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y desde ese lugar tramó junto a un equipo de investigadoras un registro para sistematizar los casos de femicidios en el país.

Pero su trabajo con y para las mujeres empezó mucho más atrás. Cuando comenzó a estudiar Derecho en Santa Fe en 1995 reinaba en la Universidad el discurso patriarcal, “puro”, refuerza. “No me gustaba cómo funcionaba la facultad. No había nadie que hablara de temas de género, y no se cuestionaba que eso ocurriera. Así que discutí bastante esa realidad”.

En el año 2000, Oberlin se recibió de abogada. Ya hacía cinco años que militaba en HIJOS. Y sin bien hasta ese momento su foco estaba puesto en la violencia institucional y en el Terrorismo de Estado, comenzó de a poco a representar a mujeres violadas y agredidas. “A la par empecé a ver que en los casos de lesa humanidad no se tomaba en cuenta de parte de los operadores judiciales la violencia específica que habían sufrido las mujeres. No había ninguna perspectiva de género. Y a mí me llamaba la atención que los delitos contra la integridad sexual fueran subsumidos como parte de los tormentos. El tipo penal existía, pero había una negación sistemática por parte de los jueces a aplicar la figura”. Como si fueran “de menor cuantía”, considera.  

La experiencia de representar a mujeres abusadas -tanto las víctimas del Terrorismo de Estado como las víctimas actuales-  la llevó a reconocer escollos muy parecidos: “Hay una mirada por parte del poder judicial que hace una selección. Hay una selección para decir a quién se castiga pero también para decir qué delito se castiga y también para decir qué víctimas y de qué delitos van a ser víctimas. Esta selección está impregnada de los valores que traen los operadores judiciales”, analiza y afirma: “El poder judicial es un reducto machista y conservador, que sigue reproduciendo modelos que son los que tenemos que vencer”.

Cuando habla de operadores judiciales mete en el mismo paquete a hombres y mujeres: “No hay diferencias porque tiene que ver con una cuestión cultural. Las mujeres somos parte de la misma cultura y reproducimos los mismos patrones. Aunque algo está cambiando”.

La herramienta que faltaba

También muta la sociedad y algo de eso es lo que quedó reflejado el 3 de junio pasado cuando miles de hombres y mujeres se movilizaron por todo el país, convocados por la consigna “Ni una menos”.

“Lo que pasó ese día fue muy importante. Sin esa movilización popular difícilmente se hubiera tomado entidad de lo que está pasando y del repudio que estas situaciones causan a nivel social”, dice Oberlin, al frente del registro que a fin de año dará a conocer los primeros resultados cuanti y cualitativos de mujeres asesinadas por ser mujeres.

La Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género fue puesta en funciones el 5 de junio, pero el equipo de investigadoras –todas mujeres, 13 en total- está cargando datos desde marzo pasado y manteniendo reuniones con oficinas y organizaciones que trabajan estos temas, como el Indec, la Corte Suprema, el Consejo Nacional de las Mujeres, la Defensoría, la Procuradoría, La Casa del Encuentro, la única ONG que hasta hoy lleva un registro que revela un total de 1.808 femicidios desde 2008 hasta 2014.

“Sin ese trabajo no hubiéramos tenido ningún dato”, apoya la abogada el trabajo de Fabiana Tuñez y Ada Rico, que hace siete años relevan las noticias periodísticas que dan cuenta de las mujeres asesinadas y de los chicos que se quedaron sin su mamá: un total de 2.196 niñas y niños.

El trabajo que se está haciendo ahora desde la Secretaría de Derechos Humanos quiere dar cuenta en profundidad de lo que está pasando y también mostrar que no se trata sólo de un tema de las mujeres: “Nos pasa a todos”, define la coordinadora, convencida de que la herramienta era un deber del Estado.

“Nos podíamos quedar en la idea original de crear un registro cuantitativo para decir en Argentina se cometen tal cantidad de femicidios, pero para nosotras era importante también decir quiénes son las víctimas, quiénes los victimarios, en qué contexto se produce la violencia; cuál es el recorrido previo que termina en el asesinato, porque generalmente hay un recorrido previo que es desatendido”.

La herramienta es rigurosa. Tiene múltiples y diversas fuentes, entrevistas personales a los familiares de las víctimas y a los actores involucrados, y el análisis de los expedientes judiciales, entre muchas variables, todas con eje en los Derechos Humanos.

La información que analizan arranca en diciembre de 2012, cuando se sancionó la norma que agrava la pena del homicidio de una mujer cuando está motivado por su condición de género.

En este sentido, el registro dará información sobre femicidios íntimos o no íntimos, familiares e infantiles, vinculados o por conexión, sistémicos (crímenes masivos), en contextos de trata, tráfico de migrantes o de prostitución, por mutilaciones sexuales, o por discriminación de identidad de género o diversidad sexual (como lesbofobia o transfobia).

“Tenemos una mirada más amplia de la que puede ser la figura penal en sí. Para eso son necesarias la lectura del expediente y las entrevistas en profundidad, porque a veces el expediente no ayuda. Pero hay que distinguir porque si no parece que está todo mal. Y no está todo mal. Hay jueces y juezas, y fiscales y defensores que hacen muy bien su trabajo y que están interesados en que este registro exista. De hecho muchos quieren aportar para dar a conocer las buenas sentencias y los buenos trabajos porque es una forma de contagiar a otros colegas, que a veces no tienen un buen conocimiento del tema”.

Oberlin se refiere al equipo con un “nosotras”, siempre inclusivo. “No es casual que seamos mujeres. Pasa como con muchos temas: somos las que estamos involucradas y tomamos con mucha fuerza y pasión el trabajo, pero seguramente muchos compañeros se irán sumando. Y además está el secretario (Martín Fresneda), que es quien impulsó está propuesta y es varón”, reflexiona y enseguida avisa: “No lo hicimos publico antes porque primero hicimos un análisis de qué había en la Argentina y de qué había en otros países. Estudiamos y trabajamos mucho. Este registro no tiene ni un pelo de oportunista ni coyuntural”.

La idea es analizar “lo que pasó antes con esa mujer, si el caso fue desatendido o no pero también ver qué se hizo cuando llegó el caso penal a la justicia. Porque una forma de promover que no sigan ocurriendo estos hechos es que se los castigue adecuadamente”.

Los datos servirán para proponer políticas públicas que falten o puedan complementar lo que ya existe. “Por ahí decimos que la herramienta es perfecta y que el problema es que está fallando la aplicación. En cualquier caso, tenemos que tener las herramientas reales para fundamentarlo”.

Dar pelea

Salvo ella, toda su familia supo que iba a ser abogada “desde el minuto cero”.

“En cada problema que había en la escuela, yo me metía. Y salía a defender causas, que no sé si eran justas pero a mi me parecía que sí. Cuando empecé Derecho me di cuenta que era lo que quería hacer”, cuenta y recuerda que a un año de la carrera se metió en un grupo de investigación de violencia institucional y ya no paró.

De esos muchos juicios en los que participó destaca la condena al genocida Luis Patti, una causa que la desveló. “Participar en juicios de lesa humanidad fue una gran satisfacción. Milito desde los 18 años y desde nuestros comienzos soñábamos con hacer realidad la posibilidad de enjuciamiento a los responsables del Terrorismo de Estado, así que haber aportado desde mi profesión lo convierte en uno de los mejores momentos de mi vida como militante y como abogada”.

Cree que todos los casos en los que los participó la marcaron. “De todos aprendí, aunque sin dudas hay dos que destaco: el de Patti y el que juzgó la apropiación de los hijos de Raquel Negro, porque en ese caso tuvimos las satisfacción de encontrar a Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en el marco de esa causa y gracias al trabajo de Abuelas”.

Para Oberlin, “falta avanzar con las responsabilidades de civiles, empresarios, religiosos, integrantes del poder judicial”, pero “no en términos de complicidades, si no en términos de autoría” y suma a lo que falta aquello que la desvela desde que comenzó la tarea: la violencia de genero cometida en el contexto de los centros clandestinos de detención. “Principalmente la violencia sexual”.

“A este poder judicial hay que democratizarlo porque es una necesidad imperiosa. Si hechos graves como el femicidio, la violencia de género y la violencia institucional no se investigan y juzgan como corresponde, se está promoviendo que ocurran. Por eso necesitamos un poder judicial que se centre en los delitos que realmente producen inseguridad”, alerta.

Y enseguida recuerda un caso que para ella condensa el logro y el fracaso. Fue en el 2002 cuando tuvo que representar a una adolescente de 16 años violada por tres policías en la comisaría 1 de Rosario. “Fue un caso muy resonante –por el que se terminó removiendo a toda cúpula policial- pero también muy difícil en términos jurídicos, porque la chica denunció 40 días después”.

Es decir, no había prueba. Con una compañera del equipo de la Universidad que llevaba adelante estos casos, logró probar que el relato de la víctima era veraz en todas sus partes desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. Lo único que no pudo probar es el momento de la violación: tenía solo su palabra, sin testigos. Así que basó su argumentación en que si todo lo demás era cierto, la violación debía ser cierta. “Logramos que los condenen. Y eso fue muy importante porque hacía muy poco que me había recibido y no tenía mucha experiencia. El juicio duró tres años, fue difícil, rodeada de defensores varones, todos del Derecho Penal, y policías involucrados. Me pasaron muchas cosas desagradables, insinuaban cosas… pero sostuvimos esa pelea porque estábamos convencidas”.

Lograda la sentencia, Erica –la víctima- celebró con sus abogadas. Pero tres meses después se suicidó. “Para mí ese caso condensa que se puede pero también me demostró que no sólo se trata de lograr la condena, sino que hay cuestiones que son irreversibles. Y que para esa chica no había vuelta”, resume ahora, Pipi, la que la peleó desde el principio de su historia, con un hilo de voz.