Pedro Troiani entró a trabajar en Ford en 1963. Un año antes se había fabricado el primer Falcon de producción argentina. En ese momento, era tentador emplearse en la compañía de capitales estadounidenses: se pagaban buenos salarios y se reconocía el oficio. En 1970 fue elegido delegado de la comisión interna por sus compañeros; los primeros reclamos fueron por el uso del estaño. Como los análisis clínicos que hacían médicos de la empresa salían bien, los delegados contactaron a la Facultad de Medicina. Los nuevos estudios efectivamente indicaron que había trabajadores que estaban sobrepasados de plomo. Hicieron un primer paro y una protesta de quita de colaboración.

Entre 1970 y 1975 las reuniones entre la empresa y los delegados eran habituales; se juntaban una vez a la semana. Y en 1975, al calor del Rodrigazo, los delegados obtuvieron dos triunfos contundentes: una paritaria con aumento del cien por ciento y participación en las ganancias de la empresa: pactaron que el 1 por ciento del valor de la venta de un coche Ford fuera para la construcción de una clínica para los trabajadores.

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“El 24 de marzo de 1976 la fábrica de Ford fue invadida por el Ejército. Había tanquetas en los accesos y helicópteros sobrevolando el predio. Los guardias de seguridad [de la compañía] al mando de Pedro Sibilla chequeaban a quienes salían”, recordó Troiani ante el Tribunal Oral Federal 3, que el martes 20 de febrero inauguró las declaraciones de víctimas y testigos en un juicio que tuvo incontables dilaciones y que comenzó en diciembre del año pasado, a casi 42 años de las detenciones de los 24 trabajadores de la empresa automotriz, ocurridas entre marzo y abril de 1976.

Aque 24 de marzo detuvieron dentro de la planta a los trabajadores Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Luciano Bocco y Luis María Degiusti a quienes llevaron por unas horas al quincho que funcionaba dentro del predio, donde los interrogaron y golpearon, para luego trasladarlos a la Comisaría de Tigre.

Un día después del golpe, el gerente de relaciones industriales, Guillermo Galárraga -que no pudo llegar a juicio porque murió en 2016-, convocó a la comisión interna para anunciar que desde ese momento quedaban suspendidas las actividades gremiales. Junto a él están acusados: los directivos Nicolás Enrique Courard, presidente de la compañía (fallecido impune); Pedro Müller, gerente de manufactura y Héctor Sibilla, teniente retirado, jefe de seguridad y protección de la planta fabril. Los delitos que se les imputan en esta causa son: privación ilegitima de libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas y tormentos sobre 24 trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Pacheco. Muchos de ellos, además, cumplían el rol de delegados gremiales.

Entre el 24 de marzo y el 20 de abril de 1976 se completarían una veintena de secuestros, la mayoría de ellas concretadas dentro de la planta y a la vista del resto de los operarios. El objetivo era claro: infundir el miedo entre los 6.000 trabajadores de la compañía.

Para la fecha de su detención, Troiani conocía tanto a Sibilla como a Muller, que había empezado como capataz y había logrado ascender hasta gerente general.

El 13 de abril de 1976, sabiéndose vigilado, Troiani fichó tarjeta a las 7. “En cuanto me vio, el capataz me dijo No te muevas de tu lugar, te están vigilando. Intenté ponerme a trabajar. Entre las 8 y las 9 entró una camioneta F-100 de color claro a mí sector. Había entre 5 y 8 militares caminando alrededor. Le preguntaron al capataz quién era Troiani. Ahí me esposan y me dicen que quedo detenido por el Poder Ejecutivo. Mis compañeros de sector gritaban. En la misma línea de trabajo lo levantaron a Juan Carlos Conti, también delegado”, contó ante los jueces, en un testimonio que se extendió por casi cinco horas.

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El juicio de Ford es emblemático en muchos sentidos: se está juzgando la complicidad de una empresa de automóviles que alojó en su propia planta un centro clandestino. Asimismo es simbólico para los familiares de desaparecidos de otras fábricas del corredor industrial de la Zona Norte del Gran Buenos Aires: Atarsa, pinturerías Alba, Mercedes Benz, La Cantábrica, Tensa. En la audiencia del martes sus fotos estaban desperdigadas por todo el salón. 

Troiani y Conti quedaron esposados al lado de la camioneta. Los secuestradores llevaron hasta allí a Carlos Alberto Propato, del sector Pintura y a Rubén Traverso de Chasis. La F-100 arrancó por una calle interna y se dirigió al sector de Estampado, de donde fue secuestrado Vicente Ismael Portillo. El vehículo era propiedad de la Ford y se usaba para tareas de mantenimiento dentro de la planta.

“No era un vehículo militar”.

Troiani pidió ir a buscar sus documentos y se lo negaron. “En el lugar a donde va no le hacen falta documentos”, le respondieron. Para Troiani y sus cuatro compañeros -así como para la mayoría de los 24 trabajadores de la Ford detenidos- las primeras torturas y vejaciones ocurrieron en el quincho, dentro de la planta.

“Fue el peor momento de todo el año que estuvimos detenidos, nos trataron como ratas, nos tiraron boca abajo y nos pateaban la cabeza”.

A Propato le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. “En un momento pensamos que se había muerto, no se movía. Estuvimos en el quincho hasta la tarde; no nos permitieron ir al baño ni nos dieron un vaso de agua. Nos gritaban que éramos tirabombas. Nos decían: Ustedes hacen sabotajes".

Entrada la noche, trasladaron a los cinco en la caja de la F-100. Como el motor estaba caliente y los hicieron ir tirados en el piso, se les produjeron quemaduras. Cuando se quejaban, les pegaban culatazos. Con los ojos vendados, preguntaban a dónde los llevaban. “Yo me di cuenta que íbamos para el lado de Tigre porque pasamos por la barrera del kilómetro 38”.

El destino fue la comisaría de Tigre. Allí, en simulacros de fusilamiento, les gritaban: "Ustedes no tienen ni dios ni patria”. En las celdas de la dependencia policial los trabajadores se encontraron con los compañeros que habían sido detenidos en los días previos: Reposi, Carlos Rosendo Gareis y Francisco Guillermo Perrotta, a quienes vieron muy afectados por la tortura. También vieron a trabajadores de Astarsa, de Terrabusi, de pinturerías Alba y docentes del gremio docente Ctera.

En la celda, de pequeñas dimensiones y sin baño, once trabajadores se turnaban para dormir. Los interrogatorios en la comisaría de Tigre estaban a cargo del teniente coronel Antonio Francisco Molinari, subdirector de la Escuela de Ingenieros en el año 1976. Troiani alcanzó a ver sobre el escritorio una copia de las credenciales de los trabajadores con foto. 

“Yo le pregunté por qué estaba ahí. Me hizo un comentario de una lista. Entonces yo insistí que la fábrica era la responsable de nuestra detención: ¿Cómo iban a saber quién era yo dentro de los 6.000 operarios si no era por la empresa?”, se pregunto Troiani, quien remarcó que la empresa se esforzó por denostar al sindicalismo y luego, durante siete años, no hubo delegados sindicales. La mayoría de los trabajadores, que irán declarando durante esos meses en el juicio, apunta a que la lista la proveyó Galarraga.

Desde esa comisaría seleccionaban prisioneros y los trasladaban a Campo de Mayo. “Sabíamos que quienes iban allí no volvían”.

Para 1976 Ford contaba con 6.000 operarios en la planta de General Pacheco. Se trabajaba con el sistema de cadena de montaje. La compañía presionaba a los trabajadores para aumentar la producción con igual cantidad de empleados. Esa situación redundaba en un aumento de los accidentes laborales, que incluso llegaron a la rotura de huesos.

En los días previos al golpe los controles se incrementaron: para ir al baño o ausentarse por cualquier motivo del puesto de trabajo había que avisar al capataz, que entregaba un papel amarillo. Antes del golpe en la planta de Pacheco estaba la Prefectura, pero a partir del 24 de marzo la fábrica fue controlada por el Ejército.

Al día siguiente de su detención en la propia planta de Ford, a la casa de Troiani llegó un telegrama que le advertía que si no se presentaba en las próximas 24 horas a trabajar quedaba despedido sin causa.

Era un secreto a voces que, desde la planta, salían autos sin identificación ni patente, que no iban a las concesionarias sino que tenían un destino que los trabajadores desconocían. Hoy se sabe que Ford vendió 269 no identificables.

“Yo nunca volví a Ford”, afirmó Troiani. Tras su liberación trabajó en algunos talleres mecánicos pero a los pocos días de emplearse, saltaban los informes que indicaban que había estado preso. Al final, decidió poner un taller de chapa y pintura junto con su hermano, en Beccar.

“Mi detención tuvo un impacto tremendo. Sufrimos la tortura pero lo que más pena nos daba era pensar lo que estaba pasando en nuestras casas”.

Triani no quiso hablar de su detención ni con su familia. Sentía que en sus vecinos estaba latente el “por algo se lo llevaron”. Con la vuelta de la democracia se entusiasmó y contactó a algunos compañeros para presentarse ante la Conadep, que en ese momento tenía sus oficinas en el Teatro San Martín, de la avenida Corrientes. Allí, les tomaron la primera declaración que permitió iniciar el camino judicial que hoy, tras 42 años, tiene su primer juicio y cuya próxima audiencia antes los magistrados Mario Gambacorta, Osvaldo Facciaro y Diego Barroetaveña será el 6 de marzo, cuando declarará otro de los sobrevivientes: Carlos Propato.