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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

21 de octubre de 2015

España: cuando la crisis avanza sobre los derechos básicos

Exclusión, desigualdad, mordaza

Los datos de la crisis económica y social son alarmantes: casi un 30 por ciento de la población en riesgo de pobreza, aumento de la desigualdad, recortes brutales en la ayuda social, 171.110 desalojos sucedidos entre 2008 y 2012, suicidios. Para frenar la protesta, el Partido Popular sancionó una ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que multa, sin intervención de la Justicia, a quienes se atrevan a expresar sus broncas.

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Manifestación contra la Ley Mordaza en Madrid el 20 de diciembre de 2014.

Foto: Carlos Delgado/Wikimedia Commons

El titular es el típico de un medio opositor, en este caso El Diario digital de España, y se publicó hace pocos días atrás: “Rajoy paga con dinero público la atención de su padre mientras 421.000 dependientes esperan sus ayudas”. En España llaman “dependientes” a las personas discapacitadas –por cuadros psíquicos, psicológicos o físicos- que reciben algún tipo de ayuda del Estado para sobrellevar mejor su situación. La bronca expresada en el titular refiere al hecho de que un presidente de Gobierno cuyo padre, además de beneficiarse con un subsidio del Estado, reside en La Moncloa y recibe “asistencia y acompañamiento día y noche a cargo de dos personas contratadas por Presidencia”. En contraste, “101.070 dependientes han muerto esperando la ayuda a la que tenían derecho”. En poco tiempo, además, cerca de 80 mil cuidadoras de esos dependientes perdieron la prestación económica que también recibían del Estado de Bienestar (387 euros, muy poco dinero, por asistir los casos más graves a jornada completa), el  número de dependientes subsidiados descendió en 25.276 sólo en 2015 y la lista de espera actualizada alcanza a otras 167.869 personas. Una ex compañera de estudios de quien escribe, con un 77% de discapacidad física y psicológica, debe pagarle a una cuidadora, comprar medicamentos, y cobra 3.878 euros al mes en dos pagas anuales. Esa persona lee los diarios por Internet con pavor de que su subsidio sea “tijereteado” por la compleja burocracia estatal y los modos de medir discapacidades.

La noticia citada es un reflejo más –dramático- en el ya largo proceso de erosión del Estado de Bienestar construido en España, un caso más de “tijeretazos” (recortes) en las políticas sociales. Se suma al cuadro general de la ya larga crisis española: empobrecimiento, ajustes, desalojos masivos de personas que quedaron sin vivienda, suicidios que, aún en la complejidad, en buena medida se explican por el cuadro social general. El titular periodístico contrasta no sólo con el caso individual de los dineritos que ahorre Mariano Rajoy para cuidar a su padre sino de la brecha creciente entre ricos y pobres y de las millonadas que siguen recibiendo los banqueros en España. Lo más llamativo del cuadro, o su remate irónico: el 1° de julio pasado el PP consiguió aprobar una ley –conocida como Ley Mordaza- que impide protestar contra el cuadro de situación, asunto que será resumido más adelante en este artículo.

En estado de exclusión o pobreza

Así como la ley de Dependientes data de los tiempos de la presidencia de Zapatero, la construcción del Estado de Bienestar español viene de larga data. Este es un modo de decir que, pese a la profundidad de la crisis económica y social, la caída es desde “muy arriba” y es imprudente comparar el cuadro español con el estallido argentino del 2001-2002. Aun así los números relacionados con el aumento de la pobreza y la exclusión, por europeos que sean los modos de medir, son gravísimos. Si hacia 2011 existían 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, la cifra actual es de 12,8 millones, el 29,2% de la población española. A fines de 2013 un tercio de los afectados eran jóvenes de entre 16 y 30 años y el porcentaje de los niños era del 31,9%. Las estadísticas surgen de informes presentados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en el Estado Español (EAPN).

Es imprudente comparar el cuadro español con el estallido argentino del 2001-2002. Aun así los números relacionados con el aumento de la pobreza y la exclusión son gravísimos. Si hacia 2011 existían 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, la cifra actual es de 12,8 millones, el 29,2% de la población española. A fines de 2013 un tercio de los afectados eran jóvenes de entre 16 y 30 años y el porcentaje de los niños era del 31,9 por ciento.

Exclusión, desigualdad, mordaza - Revista Haroldo

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El indicador europeo empleado es el AROPE (del inglés at risk of poverty or social exclusion), que considera en riesgo de pobreza a las personas que viven en hogares con un ingreso inferior al 60% del promedio de la renta nacional: 8.114,2 euros para 2013. Los individuos que tengan ingresos menores a  esa cifra son considerados pobres. Actualizadas las estadísticas al 2015, son pobres las personas que perciben ingresos inferiores a 7.961 euros en el caso de un hogar unipersonal o de 16.719 en hogares compuestos de una pareja y dos chicos. Si para la mirada argentina esos euros parecen muchos, alcanza con saber que desde hace años en España se habla del problema extendido de los “mil euristas” (ingresos no superiores a esa cifra) y hasta de personas que cobran menos de 500 euros mensuales. Vale la pena mencionar que alquilar una habitación en España, una práctica a la que muchos se han vistos obligados a volver, cuesta entre 300 a 400 euros y que un sueldo de 900 euros, hoy, en plena crisis, es codiciado por muchos desempleados. El índice Arope por comunidades llega a un máximo de pobreza o exclusión del 42,3 y 44,9% en Andalucía y Murcia y desciende a un mínimo que oscila entre el 14 y el 15 en Navarra y los países vascos.

Si lo que se utiliza es un indicador sobre desigualdad más conocido en Argentina, el coeficiente Gini, (donde  0 es reparto máximo de riqueza y 1 la desigualdad absoluta), España pasó del 0,329 en 2008 a 0,347 en 2013, siendo que antes del 2008 ese índice reflejaba más igualdad. Como referencia, Argentina tiene un coeficiente de Gini de 0,370 (era de 0,538 en 2002), el coeficiente es de 0,5 en México y el promedio entre los países miembros de la OCDE es 0,31.

Burbuja y desalojos

Algo sabe el público argentino informado de las consecuencias de la crisis española en términos de desempleo y desalojos (desahucios en España). La mayor parte de estos últimos tienen que ver con créditos, hipotecas o alquileres pactados en tiempos de la burbuja inmobiliaria surgida en 1997. Ya en el primer trimestre de 2012 se producía un promedio de 517 desalojos… diarios. A fines de 2012, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunciaba que el número total de desahucios sería de 171.110, contabilizados desde julio de 2008. Otra fuente de origen estatal, el Consejo General de Poder Judicial, informaba que solamente en el primer trimestre de 2012 hubo 46.559 desalojos forzosos por vía judicial. El fenómeno dramático de los desalojos –que tuvo una fortísima repercusión social y mediática- se produjo con la articulación de la burbuja inmobiliaria y el incremento del desempleo, cuyo piso mínimo fue del 8% entre 2006 y 2007, pasó al 20% en 2010 y ya era del 27,16% en 2013. Se fueron sumando los “tijeretazos” en los subsidios por desempleo y progresivos ajustes de las prestaciones sociales.

Para organizaciones como la  Plataforma de Afectados por la Hipoteca los culpables de la situación son las entidades financieras, con la complicidad de los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, tan castigados en las últimas elecciones. En España existe una expresión siniestra -genocidio financiero- y unas cuantas cifras sobre el cuadro habitacional un tanto espeluznantes:

* El 30% de las viviendas vacías de Europa están allí… 

* … Sin embargo, 100.000 familias perdieron su hogar en los dos últimos años. 

* Los desalojos hipotecarios desde el inicio de la crisis suman 600.000. 

* El gasto público en vivienda cayó en un 50% desde 2009.

A fines de 2012, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunciaba que el número total de desahucios sería de 171.110, contabilizados desde julio de 2008. Otra fuente de origen estatal, el Consejo General de Poder Judicial, informaba que solamente en el primer trimestre de 2012 hubo 46.559 desalojos forzosos por vía judicial. Para esa organización los culpables de la situación son las entidades financieras, con la complicidad de los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, tan castigados en las últimas elecciones.

Suicidios sospechosos

Se sabe que en los cuadros de suicidio intervienen una combinación de factores complejos que imposibilitan atribuir una sola causa a la decisión de las personas de quitarse la vida. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) español no explica las causas de los suicidios pero sí aporta números generales que llaman la atención, especialmente para un país que históricamente tiene una tasa de suicidios más baja que la de la media europea. Primer asunto: el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, más aun que las muertes producidas por accidentes de tránsito (por cada muerto en accidente, dos suicidas). En 2010 el INE informaba una cifra de 3.145 suicidios. En 2011 fueron 3.180. En 2013 fueron 3.870 personas las que se quitaron la vida.

Los medios españoles suelen reflejar este cuadro sin hacer referencia a promedios históricos. Pero cuando se hace ese rastreo mediante las estadísticas que proporciona el INE, los datos indican que la tasa de suicidios en España era de 8,2 personas cada cien mil en 2002. Más aun, el promedio en la década de los ’80 fue de 2.497 suicidios (6,37 anual), siempre según el Instituto Nacional de Estadística español. No parece caber duda, por complejo que sea deslindar factores personales, de la incidencia de la crisis económica y social. Las noticias aisladas de los medios hablan recurrentemente de casos de suicidios vinculados con desalojos.

Contra estas estadísticas –al igual que en el titular tomado como excusa para el inicio de este artículo- cabe contrastar otros números, los provenientes de las bondades del mundo financiero. Se trata de otro balance noticiable, uno que indica que, en 2013, 81 banqueros españoles disfrutaron de una compensación de al menos dos millones de euros (vamos de nuevo: cuidadoras de dependientes graves que cobran 387 euros o el fenómeno de los “mil euristas”). Esas ganancias extra posicionan a España como el segundo país de la Unión Europea con banqueros mejor pagados (los primeros son los directivos del sector financiero del Reino Unido). Tres de esos 81 directivos de bancos se alzaron con casi seis millones de euros. El adjetivo “chorizos” (chorros) –aplicado a banqueros o políticos- suele aparecer en casi todas las marchas de protesta que se realizan en España. O las que se realizaban…

Si no te gusta, mordaza

El 1 de julio pasado en España entró en vigor la la Ley de Seguridad Ciudadana, más impopularmente conocida como Ley Mordaza. Se puso en marcha con algunas rectificaciones, pese a las movilizaciones de repudio e incluso cuando fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el PP pudo imponer su mayoría. Una ley de ese tipo, en el cuadro político de la Argentina del ciclo kirchnerista, hubiera desatado el Apocalipsis. Primer asunto cuestionado por la oposición política y social y por buena parte del poder judicial en España: la ley sustrae el control previo de los jueces para la sanción de conductas. Segundo detalle: denuncias absolutamente justas de inconstitucionalidad. Tercero: lo que antes eran faltas ahora son malas conductas sancionadas con multas administrativas que sólo pueden ser revisadas por los jueces si se apela a la embrollada vía contenciosa. Primero la policía y la multa, luego quizá los jueces.

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Activistas de Greenpeace amordazaron a los leones de las Cortes en protesta por la Ley de Seguridad Ciudadana. 

La sanción de la Ley Mordaza fue por supuesto producto de las protestas sociales del tipo “rodea el Congreso” y la norma se aplica a cualquier “perturbación grave de la seguridad ciudadana” (decidida por un policía) que pueda suceder ante las sedes parlamentarias nacionales o de las autonomías. Las multas más leves van de 100 a 600 euros; las más graves llegan a los 30.000 euros; las presuntamente gravísimas se pagan hasta con 600.000 euros. Estas son algunas de las razones por las que el Estado español puede multar a alguien que ejerce su derecho a la protesta (y todo, según el discurso del PP, con el argumento de que “las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos”):

* Manifestarse ante sedes parlamentarias, haya o no presencia de legisladores.

* Hacer fotografías de policías ejerciendo amables prácticas disuasivas. En tiempos de redes sociales es obvio el empleo abundante de filmaciones por celular o cámaras de video para denunciar atropellos. Lo que la Ley Mordaza sanciona es “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de uniformados “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”.

* Impedir un desalojo. La ley permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

* Se prohíbe y multa también “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. El artículo parece específicamente dedicado a las protestas teatralizadas tipo Greenpeace.

* Se prohíbe y multa  la resistencia pacífica y las sentadas y a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez que lo ordene “la autoridad competente”.

La sanción de la Ley Mordaza fue producto de las protestas sociales del tipo “rodea el Congreso” y la norma se aplica a cualquier “perturbación grave de la seguridad ciudadana” (decidida por un policía) que pueda suceder ante las sedes parlamentarias nacionales o de las autonomías. Las multas más leves van de 100 a 600 euros; las más graves llegan a los 30.000 euros; las presuntamente gravísimas se pagan hasta con 600.000 euros.

El 17 de agosto pasado el diario Público informó que un vecino de Vitoria fue multado con 200 euros por llamar “sinvergüenza” a un ex alcalde de Vitoria -y vicesecretario del PP- el mes de marzo anterior. En la web española Kaos en la red (“Información contrahegemónica para el cambio social”) trazaron un balance de tres meses de vigencia de la Ley Mordaza, hecho entre la pena, la indignación y el sarcasmo: “Esta suerte de ‘Ley de Vagos y Maleantes Franquista’ –dicen los activistas- también ha afectado a gente que nunca se lo hubiera imaginado como fue el caso de los 8 jóvenes de Málaga que multaron con 101€ a cada uno por jugar al parchís (N. de R: nuestro Ludo) a las 2 de mañana en una plaza en base al artículo 37.1, o la multa de 300€ contra 4 jóvenes que estaban tomando unas pizzas y unos refrescos en una plaza de Córdoba ya que se prohíbe ‘la permanencia y la concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas’”.

Otras cinco personas, en Málaga fueron multadas por apoyar ante las puertas de los juzgados a 12 compañeras que estaban siendo juzgadas por una protesta contra la misma ley. El balance da cuenta de la inmensa cantidad de artículos de repudio contra la ley Mordaza publicados en los principales diarios del mundo –en Argentina nuestros medios conservadores hablarían de “papelón internacional”- con frases tales como “La nueva ‘Ley Mordaza’ de España se remonta inquietantemente a los días oscuros del franquismo”. O, en el caso de The Guardian, “choque entre la austeridad neoliberal y la democracia”. Merced a la campaña de desobediencia a la ley aun pueden verse mordazas atadas en las vallas que rodean el Congreso español. La bronca –lo dicho: reflejada en las últimas elecciones, que hicieron estallar el sistema político español- se refleja en las encuestas: el 82% de los españoles se manifestó contra la Ley Mordaza. Eso incluye nada menos que al 44% de los votantes del Partido Popular.

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