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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

27 de diciembre de 2015

El caso de los 43 de Ayotzinapa

Cuando la vida no vale nada

Entre 2007 y 2011, desde que se declaró la “guerra contra el narco”, en México se cometieron 95.632 asesinatos, la mayoría directamente ligados al crimen organizado. 250.000 personas fueron desplazadas de manera forzada de sus comunidades, 20.000 chicos quedaron huérfanos, 5.000 niños asesinados. Un balance impiadoso de Roberto Bardini, periodista argentino que trabajó durante años en uno de los países más violentos de América Latina.

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No vale nada la vida,

la vida no vale nada.

Comienza siempre llorando

y así llorando se acaba,

por eso es que en este mundo

la vida no vale nada.

(Pedro Infante, 1955)

Miguel Ángel Jiménez Blanco, el activista mexicano que encabezó por su cuenta la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa y ex líder de un grupo de autodefensa en el estado de Guerrero, apareció el sábado 5 de agosto asesinado de dos balazos en la cabeza dentro de su automóvil.

Jiménez Blanco, de 45 años, trabajaba como taxista en Xaltianguis, un pueblo montañoso de 7.000 habitantes a 50 kilómetros de Acapulco. Tenía siete hijos, tocaba varios instrumentos musicales y era un personaje querido en su comunidad, donde lo apodaban “El Mago de Oz”. Autodidacta y lector incansable, también era un hombre de acción que resultaba incómodo para las autoridades civiles, la policía, el ejército y las bandas de traficantes de droga de la región.

El activista se convirtió en alguien especialmente molesto cuando se decidió a investigar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, tras la emboscada en la que el 26 de septiembre del año pasado murieron siete personas y otras 27 fueron heridas de gravedad.

Antes, en 2013, Jiménez Blanco había creado en Xaltianguis un grupo de autodefensa civil -una especie de policía comunitaria en la que también participaron más de cien mujeres- para enfrentar a los cómplices locales de los narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos. En poco tiempo limpiaron las calles de la ciudad y la iniciativa se replicó primero en el vecino estado de Michoacán, donde opera el cártel de Los Caballeros Templarios, y después en otras regiones del país.

Tras la detención de los cabecillas, en mayo de 2014, el gobierno disolvió las autodefensas y decidió que formaran parte de un nuevo cuerpo de policía rural controlado oficialmente. Poco después, los narcos reiniciaron sus actividades.

Antes de ser asesinado, el taxista recorría los cerros de Guerrero, cavaba en busca de cuerpos y ayudó a cientos de personas en la búsqueda de sus parientes. En un estado en el que en los últimos tres años se denunciaron 4.750 desapariciones, el taxista también organizó al grupo “Los otros desaparecidos de Iguala”, integrado por mujeres que se reúnen cada domingo para buscar a sus seres queridos. Gracias a sus investigaciones se hallaron 129 cadáveres enterrados en otras épocas, que fueron entregados a las autoridades para su identificación.

La “verdad histórica”

Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la mayoría de los mexicanos rechazan la versión oficial sobre lo sucedido con sus familiares. A pesar de las evidencias en contra, la Procuraduría General de la Repúlica (PGR) dijo inicialmente que los jóvenes se proponían boicotear un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que fueron confundidos con un grupo criminal rival de Guerreros Unidos. Insistió en que fueron asesinados por narcos y algunos policías municipales corruptos, quienes quemaron los cuerpos en un basurero del municipio de Cocula, al norte de Guerrero, y arrojaron los restos a un río. El lugar está a 22 kilómetros de Iguala, donde los muchachos fueron emboscados y secuestrados.

Según las autoridades, los asesinos echaron los cadáveres a una fosa, encendieron una hoguera con llantas, madera y diésel, la mantuvieron durante 12 horas, destruyeron los huesos hasta convertirlos en ceniza y después las juntaron en bolsas de plástico que tiraron al agua. La PGR presentó esta versión como “verdad histórica”.

Un día después del asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco y a casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a solicitud del gobierno, dio una conferencia de prensa y contradijo la versión oficial de los hechos.

 

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Errores graves, evidencias eliminadas, conclusiones erróneas

El GIEI, integrado por cinco profesionales reconocidos internacionalmente, trabajó durante seis meses y presentó un minucioso informe de 550 páginas. Sus conclusiones dejaron claro que la “verdad histórica” presentaba más huecos que un queso gruyere.

El documento establece que no se hizo todo lo posible para buscar a los estudiantes, no se averiguó a fondo, se cometieron errores graves y se eliminaron evidencias. Indica que la investigación gubernamental se fraccionó a través de 52 fiscales que trabajaban por separado, lo que complicó aún más las indagaciones. Además, la participación de la Policía Federal y el ejército en los lugares de los ataques y secuestros no fue investigada totalmente.

Los especialistas, que trabajaron a tiempo completo desde marzo de este año, hablaron con testigos y familiares, ordenaron peritajes forenses independientes, estudiaron las diferentes escenas de crimen y examinaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, cada uno de entre 1.000 y 2.000 folios.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está compuesto por el español Carlos Beristáin, los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, el chileno Francisco Cox y la guatemalteca Claudia Paz.

Beristáin es experto en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos.  Buitrago, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, se ocupa de desapariciones, corrupción y asesinatos políticos. Valencia es consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR). Cox es un abogado que trabajó en apoyo de la extradición de Augusto Pinochet a España. Paz, también abogada, es especialista en derecho penal, trabajó como jueza durante 18 años y es responsable del primer juicio al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.

Para reforzar sus conclusiones, el GIEI también solicitó un peritaje independiente al peruano José Torero, profesor investigador de la Universidad de Queensland, de  Australia, y experto en incendios, con experiencia en casos como el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.

La incineración de los restos de los estudiantes fue uno de los ejes principales de la investigación de la PGR. Pero al cabo de sus estudios en el terreno, el informe de Torero demuestra la fragilidad técnica de las afirmaciones oficiales.

Los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material y sus conclusiones son erróneas, sostiene el experto.  En el lugar sólo hubo “fuegos de pequeñas dimensiones”, pero no se puede saber la fecha en que ocurrieron. En los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, ni siquiera a uno solo de ellos. Para incinerar 43 cadáveres deberían haberse usado 30 toneladas de madera. El fuego tuvo que haber ardido durante 60 horas, y no las alrededor de 12 que dijo la PGR con base en la “confesión” de los inculpados. Por último, la llama tendría que haber alcanzado siete metros de altura y el humo, 300, lo que habría llamado la atención de la gente de poblaciones cercanas.

Para incinerar 43 cadáveres deberían haberse usado 30 toneladas de madera. El fuego tuvo que haber ardido durante 60 horas, y no las alrededor de 12 que dijo la PGR con base en la “confesión” de los inculpados. Por último, la llama tendría que haber alcanzado siete metros de altura y el humo, 300, lo que habría llamado la atención de la gente de poblaciones cercanas.

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Intereses de “alto nivel”

En la noche del  26 de septiembre del año pasado, los estudiantes de Ayotizinapa se apoderaron en Iguala de tres autobuses de pasajeros de la empresa Estrella Roja con la idea de viajar la ciudad de México para asistir al aniversario de la Masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Desde hace décadas, es una modalidad tolerada a regañadientes por las autoridades a lo largo y ancho del país.

Pero en este caso los jóvenes ignoraban que -como posteriormente averiguó el GIEI- en esa ciudad existe una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos -especialmente dirigida a Chicago-, que mueve cargamentos ocultos en transporte público. Sin saberlo, quizás estaban desviando de su ruta una remesa millonaria, parte de un comercio ilegal en el que participan alcaldes, funcionarios locales del gobierno, policías y militares como cómplices de los narcos. Ignoraban que estaban firmando su propia sentencia de muerte.

Aunque el informe de la comisión investigadora de la OEA no establece responsabilidades, indica que “el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”. Menciona que cuando solicitó a Estrella Roja revisar ese autobús, la compañía presentó una unidad distinta. Las autoridades designadas por el gobierno no investigaron ese coche en particular. Tampoco abrieron una línea de trabajo sobre el vínculo que existe entre las firmas transportistas de Iguala y empresas similares de Estados Unidos.

Los expertos del GIEI recogieron evidencias de que a partir de la tarde del 26 de septiembre, cuando los estudiantes salieron de su escuela, sus movimientos fueron constantemente monitoreados por militares y policías federales. Pero cuando pidieron entrevistar a miembros del Batallón de Infantería 27 de Iguala, el gobierno no autorizó los interrogatorios.

La conclusión del informe es lapidaria: “No hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza. Todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los estudiantes contra intereses de alto nivel”.

Y cuando en México se habla de “alto nivel”, todos saben qué se quiere decir.

Según organismos oficiales y privados, durante la “guerra al narcotráfico” declarada entre 2007 y 2012 por el anterior presidente, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), desaparecieron más de 20.000 personas en todo el país. La organización civil Propuesta Cívica, creada en 2005, es minuciosa: tiene registrados 20.851 casos en su base de datos. Es decir, seis mexicanos por día.

 Según organismos oficiales y privados, durante la “guerra al narcotráfico” declarada entre 2007 y 2012 por el anterior presidente, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), desaparecieron más de 20.000 personas en todo el país. La organización civil Propuesta Cívica, creada en 2005, es minuciosa: tiene registrados 20.851 casos en su base de datos. Es decir, seis mexicanos por día.

En los primeros dos años del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con cifras del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), desaparecieron -o se extraviaron- 9.384 personas. En otras palabras: 13 cada día, más del doble que en el sexenio anterior.

Pero estos números vinculados a desapariciones son inferiores a la cantidad de muertes violentas. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) afirma que entre 2007 y 2011 se cometieron 95.632 asesinatos en el país. De esa cantidad, según agrupaciones civiles como el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, 80.000 se relacionan con la violencia derivada del conflicto del crimen organizado.

A esto se añaden otros datos: 250.000 personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades, 20.000 huérfanos y 5.000 niños asesinados.

Existen alrededor de 39 millones de jóvenes mexicanos: uno de cada cinco habitantes tiene entre 18 y 30 años de edad. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en los años 90 los accidentes de tránsito, el SIDA y el suicidio eran las principales causas de muerte de jóvenes en el mundo, incluyendo a México. Esta realidad cambió en los últimos tiempos: hoy la violencia es uno de los principales motivos de muerte para ellos.

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) señaló a principios de agosto que la situación más apremiante para este sector de la población mexicana son la pobreza, el desempleo, el no acceso a la educación y la violencia. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), seis de cada diez jóvenes ocupados tienen un empleo informal, con condiciones precarias, sin estabilidad laboral ni posibilidades de superación.

El 47 por ciento de los jóvenes en México considera peligrosa la ciudad donde vive, dio a conocer el INEGI. El 40 por ciento de la población de entre 12 y 29 años sufrió algún tipo de delito o maltrato en 2014, según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) del año pasado. Las tres principales causas de muerte en los varones son provocadas por agresiones (28.7 por ciento), accidentes de transporte (17.2 por ciento) y lesiones autoinfligidas (7.2 por ciento).

A causa de la falta de oportunidades de trabajo, muchos jóvenes se suman al crimen organizado. Engrosan las filas de asaltantes, secuestradores, extorsionadores, sicarios y narcotraficantes, pero también encuentran la muerte. El INEGI registra que en 2013 murieron violentamente 34.509 jóvenes, como víctimas o como delincuentes. A escala nacional pierden la vida 316 varones por cada 100 mujeres.

*Periodista y escritor. Sus últimos libros son Águilas y gallinas - Crónicas de la frontera México-Estados Unidos;  Rebeldes en penumbras - Vidas ilustres de hombres olvidados, ignorados o condenados y De patriotas, gurkas y militantes.

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