Trabajadorxs de la exESMA en el 1er Paro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries (19/10/2016).

¿Por qué cada 25 de noviembre convocamos, desde diferentes partes del mundo, a visibilizar la violencia por motivos de género y a decir basta? Porque aún hoy, a 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal, seguimos reclamando que dejen de matarnos, de abusarnos, de violentarnos; y porque aún queda camino por recorrer para construir los cimientos de una sociedad más igualitaria y libre de violencia de género.

En la historia reciente de nuestro país, esta fecha adquiere mayor relevancia a partir del 3 de junio del 2015, bisagra para la visibilización y problematización de la violencia de género. Ese día, salimos a las calles para exigir, en un solo grito, ¡Ni una Menos! ¡Vivas y Libres nos queremos! Las marchas, multiplicadas a lo largo de las ciudades y pueblos argentinos, irrumpieron en la escena pública y dejaron en claro tres cosas: que las violencias por motivos de género no se toleran más; que se trata de un reclamo masivo; y que hay que transformar los modos en los que se abordan las violencias, porque -a claras luces- no están funcionando.

La masividad que alcanzaron las consignas, devenidas en remeras, pañuelos, murales, carteles, canciones, entre otras innumerables formas, puso de manifiesto el carácter estructural y sistémico que guardan las violencias por motivos de género, reforzando que es una problemática que involucra a la sociedad en su conjunto y, como tal, requiere profundas transformaciones para su completa eliminación. Se trata de una cuestión que imbrica construcciones socio-culturales y políticas patriarcales, condiciones materiales y simbólicas de desigualdad entre los géneros, y que tiene como resultado una infinidad de modos en los que se manifiesta. 

Al igual que sucede con un iceberg, lo que suele identificarse rápidamente como violencia por motivo de género es su expresión más extrema: el femicidio y travesticidio. Pero estas manifestaciones son sólo una porción del universo de prácticas violentas -aunque la más feroces de todas-. El conjunto se compone de formas explícitas o sutiles, visibles o no, que van desde violencia física, acoso, maltrato, hasta humor sexista y micromachismos, presentes no sólo en las relaciones sexo-afectivas, sino también en los vínculos laborales, familiares, en las instituciones, la política y los medios de comunicación -por mencionar algunos-. Son estas expresiones las que ganaron visibilidad en los últimos años y quedaron bajo la lupa de cientos de personas que comenzaron a cuestionar los modos de relacionarse, socializados a lo largo de años de patriarcado, cada vez más inaceptables e intolerables^[1].

 8 de marzo de 2018, movilización al Congreso Nacional en el Paro Internacional Feminista.

A su vez, al desentramar los hilos de las violencias, se observa que el correlato y sustento de las mismas son las desigualdades de género producto de las relaciones de poder estructurales patriarcales. La división sexual del trabajo, que prefigura roles, espacios y funciones diferenciadas según los géneros, produce el privilegio de algunos en detrimentos de otras y otres. Cabe aclarar, además, que el impacto de las violencias y desigualdades de género se ve incrementado por razones de clase, pertenencia étnica, religión, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, entre otras, y que esto implica una mayor vulneración de derechos y un aumento de condiciones para las violencias por motivo de género. Es por ello que no se pueden desatender las enormes inequidades existentes entre los géneros, si lo que se pretende es realizar un abordaje de las violencias que sea realmente efectivo y transformador. Invisibilizar estas desigualdades implica potenciar la reproducción de esas violencias.

Si bien el 3 de junio del 2015 es un hito sustancial en la historia argentina, lo cierto es que las condiciones de posibilidad para que suceda y adquiera tal envergadura fueron generadas a lo largo de años por los movimientos feministas y de la diversidad. Es errado pensar la consigna “Ni una menos” separada de los recorridos colectivos que posibilitaron su emergencia. Fueron esos movimientos los que lograron demostrar que los problemas de violencia y de desigualdad por razones de género nunca son temas individuales, sino que deben ser de interés público para toda la sociedad y, por lo tanto, agenda de Estado; poniendo en evidencia que lo personal es siempre político. Con esta afirmación han logrado dar cuenta de la importancia de desnaturalizar y de desprivatizar las violencias por motivos de género, que lejos están de ser un “problema personal y privado”. 

La convergencia de esta larga y tenaz lucha, sumada a la decisión política del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron como resultado la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Sabemos que es un punto de partida, que implica el reconocimiento de parte del Estado de las desigualdades e injusticias respecto a los géneros, y que pone a la lucha contra las violencias en un lugar prioritario de la agenda de gobierno, construyendo las herramientas institucionales y de gestión necesarias para abordar estos problemas de manera seria y eficaz. Jerarquizar las políticas públicas vinculadas a las violencias por motivos de género era una deuda pendiente -entre muchas que aún quedan vigentes-. 

Uno de los principales desafíos a la hora de elaborar políticas públicas que aborden las violencias de género es no circunscribir las mismas al enfoque securitario del asunto. Esto es, no reproducir respuestas que privilegien únicamente lógicas penales, donde el foco se pone exclusivamente en la arista delictiva, y donde prima el binarismo víctima-victimario al individualizar la violencia de género e invisibilizar la estructura social y cultural que le da sustento. Es por ello necesario modificar este abordaje individualista, que tiende a aislar a la víctima, hace recaer sobre ella la responsabilidad de su protección y puede favorecer lógicas punitivistas. 

El Bachillerato Popular Trans Mocha Celis en la movilización del 24 de Marzo del 2016.

Es en este sentido que desde el Ministerio estamos impulsando políticas públicas que permitan transformar el abordaje individual en uno integral e interseccional. Y crear así las condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo forma parte de esta definición de políticas de protección integral. Así, a su vez, abandonamos un abordaje concentrado sólo en la atención de la emergencia, a otro que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencias por motivos de género. Es bajo esta lógica que creamos, en el marco del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, el programa Acompañar, en tanto mecanismo de protección social destinado a contribuir, en el corto y mediano plazo, a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónomo de mujeres y LGBTI+ que se encuentran atravesando situaciones de riesgo en contextos de violencias por motivos de género, establece una transferencia monetaria y acompañamiento integral; el Generar, que tiene como objetivo desarrollar una política pública de fortalecimiento de la institucionalidad en materia de género y diversidad del sector público provincial y municipal; el Articular, para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad; y el Registro Nacional de Promotores/as territoriales de género y diversidad, que permite articular en red las políticas impulsadas desde el Ministerio con quienes desde los movimientos sociales y organizaciones desarrollan tareas de prevención, de acompañamiento de las personas en situación de violencia y de promoción de la igualdad; entre muchos otros programas, todos destinados a incidir en la dimensión cultural y estructural de las violencias. 

A su vez, tenemos a cargo la coordinación de las acciones necesarias para la implementación del Cupo Laboral Trans en la Administración Pública Nacional, creamos el programa Igualar (tiene como propósito reducir las brechas y segregaciones estructurales de género que existen en el mundo del trabajo, el empleo y la producción), y estamos trabajando en la confección del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (se trata de la consolidación de una política de Estado que busca intervenir de manera estratégica e integral a fin de superar las desigualdades estructurales de género). 

En simultáneo, estamos llevando a cabo la implementación de la Ley Micaela, acorde a lo establecido en la Ley n° 27.499. Esta herramienta, de capacitación y formación obligatoria para los tres poderes del Estado nacional, es primordial para generar una porosidad tal en la Administración Pública que permita que las burocracias estatales incorporen la perspectiva de género. Paso fundamental para la elaboración de políticas públicas que no reproduzcan desigualdades y violencias de género.

8 de marzo de 2020, movilización al Congreso Nacional en el Paro Internacional Feminista.

Todas estas líneas de trabajo se apoyan en un nuevo paradigma de tratamiento institucional de las violencias por motivos de género. Cambiamos la mirada, y buscamos implementar modos integrales de abordaje de las violencias, porque entendemos que este es el camino para permear las bases de la desigualdad y transformarla. No pensamos en las personas en situación de violencias por motivos de género como víctimas pasivas. Nuestra apuesta es otra: nos importa reconocer su agencia política, su trayectoria y redes de pertenencia, sabiendo que no hay salida individual para las situaciones de violencia de género, sino posibilidades abiertas por un Estado presente con políticas públicas que promuevan la igualdad y el abordaje estructural de las condiciones que habilitan cada nuevo hecho de violencia. 

La política pública es nuestra herramienta de transformación social y, en este sentido, es responsabilidad de quienes representamos al Estado garantizar que las Instituciones generen políticas públicas contra las violencias y desigualdades, que sean realmente integrales, transversales e interseccionales. 

Trabajar activamente en la promoción de la igualdad significa, entonces, brindar respuestas ante la emergencia, y generar -en paralelo- líneas que penetren las estructuras y que contribuyan a realizar transformaciones para el largo plazo. Significa, a su vez, tener presente cuáles son y dónde están los nudos que obstaculizan la articulación y correcta aplicación de estas políticas a lo largo del país, para buscar desarmarlos y crear nuevas prácticas y modos que los trasciendan. 

Cada nuevo 25 de noviembre nos permite recordar la importancia de poner todos nuestros esfuerzos en modificar la estructura política desigual y violenta patriarcal, con sus prácticas, discursos y simbologías. Por eso, cada 25 de noviembre reafirmamos que la lucha por transformar esta realidad y crear otra sociedad realmente más justa, igualitaria y sin violencias, continúa.

Este es nuestro motor y nuestro compromiso. Se trata de una agenda apremiante, urgente, y no vamos a parar hasta convertir nuestras consignas emancipatorias en realidad. Porque no podemos permitirnos como sociedad seguir sosteniendo y reproduciendo estas estructuras desiguales y violentas. Por eso decimos, una vez más: ¡Ni una menos! ¡Vivas y libres nos queremos! 

La Colectiva Lohana Berkins en la movilización del 24 de Marzo del 2016.

Fotos: Paula Lobariñas  @paulalobarinas